Una juez imputa a varios párrocos de la ciudad por celebrar bodas falsas
La magistrada ve indicios de delito en la actuación de los religiosos, que podrían saber que las uniones eran de conveniencia . Dos parejas están encarceladas por organizar los enlaces.
Varios sacerdotes católicos de la ciudad y al menos uno de Culleredo, han sido imputados por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 7 por organizar bodas de conveniencia. Dos parejas están en la cárcel acusadas de favorecer la inmigración ilegal desde el pasado 27 de noviembre y la juez ha visto indicios de delito en la actitud de los párrocos, pues cree que podían conocer que las bodas eran amañadas y aún así haberlas oficiado, aunque no se sabe con qué propósito
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La titular del Juzgado de Instrucción número 7 ha llamado a declarar como imputados a los sacerdotes católicos que celebraron bodas de conveniencia entre ciudadanos extranjeros y mujeres españolas para que los primeros pudiesen obtener presuntamente los permisos de residencia y trabajo.
La juez ha visto indicios de delito en la actuación de los párrocos, pues cree que podían saber que los enlaces estaban amañados y, aún así, haberlos oficiado. También han sido llamadas a declarar las parejas a quienes unieron, que deberán explicar ante la magistrada las circunstancias del enlace.
Según las informaciones de las que dispone la unidad de extranjería de la Policía Nacional, las dos parejas acusadas de organizar las bodas -en prisión por esta causa desde el 27 de noviembre- podrían haber organizado una decena de bodas ilegales por las que cobraban entre 1.500 y 3.000 euros.
Las dos parejas detenidas, formadas por mujeres coruñeses y ciudadanos paquistaníes, fueron encarceladas por haber presuntamente cometido, entre otros, un delito por favorecer la inmigración ilegal, castigado con penas que van de los cuatro a los ocho años de cárcel.
La juez tiene la intención de tomar declaración a los párrocos, varios de la ciudad de A Coruña y al menos uno del municipio de Culleredo, antes de que finalice el año para poder decidir sobre la situación de los encarcelados, defendidos por el letrado José Ramón Sierra, que podrían quedar en libertad después de que el resto de imputados presten declaración.
Al tratarse de una investigación donde hay personas en prisión, la magistrada está intentando agilizar al máximo los trámites. Según las investigaciones llevadas a cabo por la policía, las parejas apresadas ayudaban a otros extranjeros a conseguir los papeles gracias a un enlace amañado. Elegían iglesias porque los trámites suelen ser más complicados cuando las bodas son civiles, pues los funcionarios pueden plantear muchas preguntas a los novios para certificar que se trata de un enlace que llega tras una relación de noviazgo.
Ambas parejas aseguraron en la declaración que prestaron en el juzgado de guardia que se habían casado por amor, pero las explicaciones que dieron sobre su participación en el resto de los enlaces no fue demasiado clara. Según las sospechas de la policía, es posible que una de las parejas se casase como consecuencia de un enlace de conveniencia y que después se hubiese sumado al negocio que inició el matrimonio que los ayudó a ellos. Ambas están formadas por mujeres de la ciudad y hombres de nacionalidad paquistaní.
El grupo de extranjería que investigó el caso entregó en el juzgado cientos de papeles del seguimiento que hicieron a los sospechosos. El volumen de la causa y la toma de declaraciones motivó que los sospechosos permaneciesen en el juzgado de guardia hasta la madrugada. La magistrada vio indicios de delito y para evitar que pudiesen intervenir en la investigación o darse a la fuga decidió que lo mejor era que los cuatro ingresasen en la prisión de Teixeiro.
Las detenciones relacionadas con la desarticulación de entramados de bodas de conveniencia son cada vez más frecuentes en España. El pasado mes, otros dos paquistaníes fueron detenidos en Jaén acusados de ser los cabecillas de una red que organizaba bodas.
El aumento de estos enlaces irregulares provocó que la Dirección General de Registros emitiese una instrucción en 2006 con claves para que los funcionarios detectasen este tipo de uniones. Los empleados de los registros civiles pueden someter a "exámenes de hechos objetivos" a los contrayentes para saber si realmente se conocen o si existe alguna intención espuria.
